Democracia es superar los poderes fácticos

Por José Luís Martín Palacín.

Superados los primeros peligros de los ruidos de sables y la reacción estrafalaria y asesina de la extrema derecha, y lograda una sólida carta de ciudadanía para los derechos laborales, sociales y políticos, hemos olvidado escudriñar a diario –como hacíamos durante la transición a la democracia- los peligros de los “poderes fácticos”: aquellos que no residen en las instancias democráticas definidas en la Constitución, pero que determinan, condicionan, frustran o empañan el normal funcionamiento del Estado de Derecho.

Cada día, en la convivencia social y en el ejercicio de la democracia se dirime un problema de reparto y un juego de intereses, más o menos legítimos. En el trasfondo de las iniciativas políticas, económicas, sociales, y hasta culturales, hay una puja por el poder efectivo.  En treinta y cinco años de andadura democrática, han pervivido determinados poderes fácticos: ahí siguen la creciente hegemonía de un poder financiero, transversal y transnacional, que recoge perniciosamente el testigo del imperialismo; el peso de la  poderosa jerarquía católica; ciertos comportamientos de la justicia, al margen de la Soberanía; el poder de los medios de comunicación, elevada a una inconmensurable potencia en el caso de quienes buscan controlar la omnipresente Red.

Nuevos condicionantes democraticos, nuevos poderes fácticos

La puja por el poder en estos años ha generado nuevos hábitos y situaciones “de hecho” que han acabado por condicionar y obstruir la inocencia y la transparencia de la vida democrática. Han aparecido nuevas “formas de hacer”, nuevos sedimentos de otros poderes de hecho que distorsionan seriamente los benéficos objetivos de la Democracia. Entre otros, han aparecido dos que inciden de modo directo en la convivencia democrática y social: la burocratización de los partidos políticos y de las estructuras sindicales.

El Estado del Bienestar logró resultados evidentes: educación y sanidad públicas, universales y gratuitas, reforzadas por un incipiente intento de redistribución con la Ley de Dependencia y enmarcadas en una serie de leyes que profundizan derechos sociales e individuales. Pero ha facilitado una “acomodación” de la sociedad: las clases trabajadoras cambian el mono azul por el “cuello blanco” y, contaminadas por la nueva cultura financiero-especulativa, caen en un juego de aspiraciones donde pierden de vista un elemento determinante para el avance social de la historia que es la solidaridad. Y olvidan otro aspecto vital para el desarrollo económico y social: la competitividad, en cuya base están la productividad, la formación y la innovación. La pérdida de la solidaridad, por ejemplo con los trabajadores de países donde se violan los derechos laborales, dimite de forzar políticas que endurezcan las importaciones desde esos países, facilita indirectamente injusticias en otros puntos del planeta y, junto con la falta de competitividad, potencia iniciativas “deslocalizadoras” de la industria.

La acomodación sindical

El abandono de solidaridad y competitividad revela una dejación por parte de los sindicatos, influidos por esa “acomodación” social. Aunque han jugado su papel a nivel de las negociaciones en la cumbre -el pacto de Toledo, por ejemplo-, sus estructuras han acusado una burocratización que les aísla de las bases de los trabajadores. Aunque hayan seguido celebrando elecciones sindicales, desatendieron su tarea de captar las inquietudes de los trabajadores, y de luchar por los problemas concretos, codo con codo con quienes los padecen, se han alejado del sector de la economía productiva: desde la reconversión industrial el motor de las movilizaciones sindicales ha sido el sector del funcionariado público.

La funcionarización de los cuadros sindicales les resta sensibilidad y presencia efectiva en la sociedad, con el abandono de problemáticas sociales importantes: desempleados, trabajadores autónomos, jóvenes, trabajadores de la tierra y trabajadores inmigrantes. La estructura provocada por la burocratización acabó por convertirles en poder fáctico, cuya constatación refuerza el descorazonamiento social. Amén de la pérdida de su perspectiva internacional, que les quita fuerza frente a la hegemonía de un poder financiero que trasciende incluso la soberanía de los Estados.

Los aparatos de los partidos

Para la Constitución los partidos son “instrumento fundamental para la participación política”. Hasta ahora han limitado la participación política al procedimiento electoral, que ha sido productivo, al margen de que el sistema representativo tenga fallos, como el de la existencia de un Senado sin competencias efectivas, o que la proporcionalidad electoral no se corresponda con el número de votos efectivo de los ciudadanos. Pero con el tiempo han acaparado la participación política, produciendo una disociación entre los representantes políticos y las inquietudes de la sociedad. Disociación que la sociedad de la comunicación y el pánico de la crisis han puesto más de manifiesto, ganando una clara animadversión de los ciudadanos. Intentaremos resumir la situación:

Para la Constitución la estructura interna de los partidos y su funcionamiento deben ser democráticos. Los partidos se convierten en un instrumento para el ejercicio del poder, que en la medida en la en que se ejerce con respeto a la representatividad es legítimo. Pero constituye una ocasión demasiado tentadora para pasar de ser un medio a convertirse en un fin, posibilitando una escalada de abusos, que parte de la despiadada búsqueda de la eficacia y que, en algunos casos, después de pasar por el ejercicio del clientelismo, desemboca en la impunidad de la corrupción. La férrea pretensión de eficacia tapona la democracia interna de los partidos, otorga un poder casi omnímodo a los llamados “aparatos”, y posibilita una estructura de poder interno basada en las fidelidades.

Ese funcionamiento dudosamente democrático es el que administra la designación de los candidatos electorales que han de convertirse en representantes políticos: a quienes los ciudadanos votan porque pertenecen a una lista, no porque conozcan sus méritos y capacidades. Son esos representantes, mediatizados por los aparatos partidarios, quienes integran las instituciones, parlamentarias y de gobiernos. Instituciones a las que, con el paso del tiempo, contagian esa segregación burocrática en relación con la vida de la sociedad: ¿cuántas horas semanales dedican los representantes políticos a reunirse con sus representados, y cuántas dedican a reuniones internas partidarias o institucionales?

Esa conjunción de aparatos partidarios y de instituciones encastilladas, más vinculados a sus jefes que a sus representados, generan una suerte de poder fáctico, percibido como un obstáculo para la vida democrática. Triste paradoja que componentes de la estructura del Estado –pervirtiendo sus propias competencias y obligaciones- se conviertan en un tipo de poder que se sitúa al margen (casi siempre de modo ilegítimo) de las estructuras del funcionamiento democrático.

En ocasiones, ese poder fáctico está también penetrado por otros de los poderes fácticos, como el financiero-especulativo o el religioso católico. En una interacción que refuerza ese carácter fáctico, y que produce peligrosos espejismos respecto a la propia concepción del poder y de la democracia misma. Una vida democrática que necesita recuperar aire y frescura, y que para ello ha de acabar con los poderes fácticos como factores condicionantes.

Los sindicatos parecen recuperarse, los partidos no tanto

Las cúpulas sindicales comienzan a dar pasos para salir de su burbuja. Un ejemplo positivo: la manifestación del 15 de septiembre, como logro de su colaboración con decenas de otras organizaciones en la llamada Cumbre Social. Pero les queda el camino de oxigenar sus estructuras de liberados sindicales demasiado profesionalizados, y la de reforzar su presencia de base en los propios comités de empresa, recogiendo la problemática concreta de los trabajadores. Y la de asumir y buscar alternativas para la problemática de los jóvenes, trabajadores autónomos, desempleados, pensionistas e inmigrantes. Tarea que –sin perder el peso social de las dos grandes centrales sindicales- pasa por una obligada encarnación en las entrañas básicas de la sociedad. Y la de conectar las legítimas reivindicaciones laborales con la solidaridad, y con la responsable competitividad. Trascendiendo el horizonte local a través de unas apuestas de movimiento sindical de ámbito europeo, y conectado con la dimensión internacional, que presenta un escenario de alarmante injusticia.

La democratización de los partidos y del ejercicio de la representación política es una tarea más ardua. El primer escollo: cruzar el abismo que les ha separado de la propia sociedad, y recuperar el prestigio perdido y el respeto de los ciudadanos. Ese abismo simbolizado el 25-S por una brutal barrera de cuerpos represivos. Hay muchas recetas circunstanciales de urgencia que podríamos resumir en una cuestión de estilo: salir de las instituciones a la calle; escuchar a la ciudadanía; revisar las miserias de sus privilegios, a veces magnificados… Pero, sobre todo, modificar profundamente las relaciones y la democracia interna, modificar los mecanismos de elección de sus dirigentes y de sus candidatos, dando juego para ello a la participación de la sociedad, y acabar con ese mal, ya demasiado arraigado, de partidos convertidos en franquicia electoral.

Los cambios siempre aplazados del sistema electoral

Se trata de modificar el sistema electoral. En primer lugar, con el concepto de las instituciones que representan la soberanía popular: las Cortes Generales. Dentro de ellas el Senado que, o desaparece o comparte la representación soberana desde competencias específicas. Si se aborda la inaplazable cuestión de un Estado Federal, cobra sentido una Cámara específica en la que dirimir determinadas materias y competencias. Precedentes hay. Y si el Senado llega a resolver cuestiones de compensación territorial, se podrá aligerar de esa carga al sistema de elección de diputados, que penaliza la proporcionalidad a favor de la presencia provincial. Al margen de que haya que reestudiar una corrección que facilite que la relación entre número de diputados de un partido y el número total de sus votos sea equivalente.

Además de la estructura electoral, hay que abordar un sistema donde los electores tengan más peso a la hora de decidir sobre sus representantes: la eterna cuestión de listas abiertas o cerradas; o de un sistema mixto, como el alemán, por ejemplo, que podría permitir al ciudadano sentirse más directamente concernido con la elección de sus representantes, y a éstos más obligados a una laboriosa aproximación a la sociedad. Aparte del saludable protagonismo social en el proceso de elección, hay un tema urgente y candente: la participación ciudadana. En una vertiginosa sociedad de la comunicación y de la intervención en red de los ciudadanos, los cuatro años que median entre elección y elección se convierten en una eternidad. Hay que facilitar los mecanismos participativos, posibilitar las iniciativas populares y generar para éstas un proceso en el que la Cámara Legislativa no sea un mero buzón de tramitación burocrática. Más bien posibilitando una dialéctica en la que los representantes hayan de fajarse y debatir con los ciudadanos proponentes, para sustanciar las alternativas adecuadas a las iniciativas planteadas.

Solo esa labor de proximidad logrará sanear y revitalizar la vida política, quitando ese rancio sabor a poder fáctico que ha enmohecido la estructura de los partidos y que ha generado el aborrecimiento de los ciudadanos. Aborrecimiento no de la Democracia, sino de esa manera de hacer política.

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