Cuando las transnacionales demandan a los Estados.

transnacionales;Joaquín Rábago

Estamos aquí tan enfrascados en nuestras mezquinas querellas internas que mucha veces no nos damos suficientemente cuenta de lo que se cuece a nuestro alrededor y que hace que parezcan ridículas algunas de nuestras disputas.

Me refiero en concreto al Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas inglesas) que negocian desde el pasado julio Estados Unidos y la Unión Europea..

Las grandes corporaciones aspiran al mismo estatus jurídico que los estados.

¿Podemos imaginarnos a transnacionales que llevan ante la justicia a gobiernos cuya orientación política pudiese afectar a sus ganancias?, se pregunta por ejemplo en “Le Monde Diplomatique” Lori Wallach, directora de la ONG “Public Citizen’s Public Trade Watch”.

Pues eso es exactamente lo que está ocurriendo ya con otros tratados de libre comercio y protección de inversiones similares firmados por Estados Unidos con países tan distintos como Canadá, México, Perú, Omán, Colombia o Corea, por citar solo unos pocos.

Y es lo que puede suceder también en Europa si los negociadores europeos, presionados por poderosos lobbies, no evitan la inclusión en el acuerdo transatlántico de un mecanismo especial que permite a una empresa o a un fondo de inversiones demandar directamente a un Estado ante un organismo internacional y exigirle compensaciones por supuesta violación de sus derechos de inversor.

Ese mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados eleva a las empresas al mismo estatus jurídico que tienen los gobiernos soberanos y les permite llevar a estos últimos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, lo cual equivale a “privatizar el sistema de justicia”, según denuncian esas ONG.

(Poli-TIC.  “El tratado lo siguen negociando en sigilo Bruselas con EEUU y la eurodiputada de Podemos, Lola Sanchez, no ha dudado en calificarlo de “golpe de Estado” y “da mucho miedo”. Mientras el grupo de Izquierda Unitaria en el parlamento europeo e Izquierda Abierta en el Congreso lo consideran “mucho más que un tratado de libre comercio” y reclaman incluso un referéndum para ratificarlo, el PSOE y los partidos socialdemócratas europeos coinciden en resaltar las bondades para el desarrollo europeo y el empleo.)

La defensa del medio ambiente, el desarrollo de recursos naturales, la protección de los consumidores, la privacidad de las relaciones, los derechos de los trabajadores…  cualesquiera de las  medidas que aplica un Gobierno soberano puede dar pie a una  demanda ante uno de esos centros de arbitraje si una empresa considera que viola los que considera sus privilegios o impacta negativamente en sus beneficios. Entonces, el Estado anfitrión tendrá que indemnizarla en la cuantía que fijen los árbitros.

Las organizaciones de defensa de los consumidores europeas y las de Estados Unidos, abogan por excluir estas práticas de cualquier futuro acuerdo de inversiones o libre comercio porque deja fuera a los ciudadanos, favorece a las empresas y socava las garantías de los consumidores frente a todo tipo de abusos.  De paso, y eso es lo más grave,  ese mecanismo margina totalmente los sistemas de justicia nacionales y opera a puerta cerrada sin que los medios de comunicación muchas veces tengan idea de qué asuntos se están tratando en un determinado momento.

Ahora todos somos subdesarrollados

Desde poderosas compañías tabacaleras hasta multinacionales farmacéuticas han hecho uso del polémico mecanismo, que se creó para defender de posibles expropiaciones a las empresas occidentales que invertían en países en desarrollo desprovistos de un sistema jurídico fiable. Pero aquella exitosa experiencia quieren ahora extenderla a los países desarrollados para defender los que consideran sus privilegios trasvestidos de derechos de inversor.

Se da el caso de que algunas de esas corporaciones han demandado al país anfitrión por medidas regulatorias o decisiones políticas que afectaban negativamente a sus “beneficios futuros”, para los que utilizan términos como “expropiaciones indirectas” o violaciones del “estándar mínimo de tratamiento”. Incluso han recurrido como “expropiaciones” sentencias adversas de los tribunales nacionales.

  • Una compañía francesa ha demandado al Estado egipcio por su decisión de aumentar el salario mínimo
  • Una sueca -Vattenfall- reclama ahora a Alemania miles de millones de euros por su viraje en materia nuclear.
  • La tabacalera Phillip Morris llevó ante un tribunal especial a Uruguay y Australia por sus legislaciones contra el tabaco.
  • La farmacéutica estadounidense Eli Lilly ha hecho lo propio con Canadá por un sistema de patentes que facilita el acceso a los medicamentos.

Como se ve, ningún Estado está a salvo de la codicia de las multinacionales. Los ciudadanos tampoco.

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