Falciani , Snowden, Assange…Proteger a los ´whistleblowers´

rebeldesJoaquín Rabago

En inglés los llaman “whistleblowers”; en francés han encontrado la palabra “lanceurs d’alerte”, que emplea ya habitualmente la prensa de ese país. Aquí todavía no nos hemos puesto de acuerdo en cómo llamarlos, tal vez por falta de práctica, y oscilamos entre la denominación inglesa y las palabras españolas de “alertadores” o “informantes”. Y, sin embargo, nunca han sido tan necesarios.

Los más famosos son sin duda el periodista australiano fundador de Wikileaks, Julian Assange, el estadounidense Edward Snowden, el excolaborador de la CIA que reveló el espionaje global a que se dedica Estados Unidos, o el italo-francés Hervé Falciani, que ha aportado a la justicia información sobre más de 130.000 cuentas de extranjeros en la filial suiza del banco británico HSBC y que está estos días de actualidad por la publicación en varios medios europeos de la lista de evasores que lleva su nombre.

El primero lleva desde ya varios años sin poder salir de la embajada ecuatoriana en Londres porque sería inmediatamente detenido si la abandonase; el segundo ha obtenido asilo político en Rusia, mientras que a Falciani quieren echarle el guante las autoridades suizas por violar su secreto bancario. Eso sin que nos olvidemos del pobre soldado Manning, la persona que filtró a Snowden miles de documentos confidenciales o secretos sobre las guerras de Afganistán e Irak y que hoy se pudre en una cárcel norteamericana.

Como dice el filósofo y sociólogo Geoffroy de Lagasnerie, que acaba de publicar en Francia un libro sobre esos filtradores y las nuevas formas de contestación política (L’Art de la Révolte. Snowden.Assange Manning), en una democracia deberían ser los ciudadanos quienes vigilasen al Estado y no a la inversa, como está ocurriendo.

Pero no se trata sólo de los Estados, sino también de las empresas que gobiernan el mundo, empresas de todos los sectores, desde el financiero hasta el energético o el alimentario pasando por el químico-farmacéutico, y que buscan que los gobiernos castiguen de forma ejemplar a quienes con valentía y sin pensar en el propio perjuicio deciden revelar sus abusos o ilegalidades.

Es lo que estuvo a punto de ocurrir en Francia, con el actual gobierno socialista de François Hollande, y que sólo la acción decidida de un colectivo de periodistas llamado “Informer” evitó en el último momento.

El colectivo se presentó en el ministerio de Economía y Finanzas, que preside el exbanquero Emmanuel Macron, para exigir que el Gobierno no incluyese en una ley en preparación una enmienda que se castigaría con tres años de cárcel y 375.000 euros de multa la violación de un secreto comercial. Penas que serían dobladas en el caso de que, como decía la enmienda en cuestión, se atentase contra “la soberanía, la seguridad y los intereses económicos esenciales de Francia”.

El argumento de quienes proponían esa enmienda, tanto socialistas como conservadores, era que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde una ley federal contra el espionaje industrial -el llamado Cohen Act, de 1996- amenaza con hasta veinte años de reclusión a quienes lleven a cabo espionaje industrial, en Francia, los secretos empresariales no están suficientemente protegidos.

La enmienda presentada hablaba de la necesidad de proteger “informaciones no públicas (…) que tengan valor económico”, formulación ambigua que habría dejado un gran margen de actuación a la justicia porque puede considerarse que tienen también valor económico los sobornos de intermediarios en un contrato o ciertas prácticas comerciales de dudosa legalidad.

Nada más enterarse de lo que preparaba el Gobierno de François Hollande, el citado colectivo de periodistas, integrado por un centenar de profesionales, publicó un artículo en el que se denunciaba la indefinición del llamado “secreto empresarial” y fue a ver al ministro Macron para exigirle la retirada de una enmienda que, a sus ojos, representaba una serie amenaza a la libertad de información.

El ministro, que no las tenía todas consigo, aceptó negociar y tras tratar tan espinoso asunto con el presidente Hollande y el jefe del Gobierno, Manuel Valls, debió de considerar que no convenía enfrentarse a la prensa y a los sindicatos, y decidió no incluir finalmente la enmienda.

Mientras tanto se oyen voces, entre ellas las del abogado William Bourdon y el diputado socialista Yann Galut, que exigen por el contrario un nuevo proyecto de ley destinado a proteger a los ciudadanos que revelen asuntos que puedan suponer “una grave amenaza para el interés general”.

El proyecto de ley que proponen impediría que una empresa o el propio Estado pudiese despedir a empleados o funcionarios que hubieran revelado hechos o comportamientos lesivos para los intereses de la colectividad aunque ofrecería garantías para evitar que se hiciesen ese tipo de revelaciones por afán de venganza o para lucro personal.

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